La doctrina Parot en disputa

La enunciación de la decisión del tribunal de Estrasburgo, tumba la vigencia y sustancialidad de la doctrina Parot, jurisprudencia establecida en años, en que combatir el terrorismo era tarea y preocupación del estado. Distanciado del ruido de los medios, de la escritura caliente, rabiosa e inmediata, la enunciación de la cancelación de tal doctrina, que era injusta desde el estado de derecho y la propia legislación de derechos humanos, sienta como una bocanada de aire fresco rejuvenecedor, para las conciencias épocales sumidas en la ideologización de lo estético y de los procesos ontológico-objetivos del devenir de la historia.

Los cuidadores del progreso del espíritu objetivo colectivo, y su encarnación en cuerpos políticos articulados, en dispositivos de poder factuales y demás mecanismos de la administración, han mal interpretado y pervertido la vindicación en favor del estado de derecho y el estado político, para convertírselo en un pretexto y excusa para la excarcelación gratuita, mientras que el conservadurismo mediático y político ha sumido como derrota y ataque, lo que es una reivindicación de lo justo y la razón objetivadora de estado moderno.

La doctrina Parot, vulneraba principios éticos inquebrantables e invulnarables, que la civilidad y la política deben respetar, no como algo ajeno que aceptan o asumen, sino como algo integrador y constitutivo de su esencia, esto es, asumir que la razón de estado, es la objetivación de la subjetividad individual, sin suprimirla, pero sí enmarcándola, delimitándola y encuadrandola bajo los esquemas y estructuras de la racionalidad política humanista, configuradora de una verdad o realidad común, intersubjetiva y objetiva que nos representa y protege a todos "nosotros". Con ello quiero decir, que las decisiones objetivadoras y universales que toma tanto el estado, en este caso la delegación voluntaria de las funciones de dejarse ser interpelado e impuesto, y ceder soberanía y poder vinculante, a un tribunal internacional, componente de un "macro estado occidental" (entendiéndolo como idea, y no entrando en la factualidad y concreción técnica del mismo), no son opiniones de la conciencia personal y subjetiva, sino la objetivación de la verdad que por el método que sea, nos hemos impuesto y revestido.

Por lo tanto, la opinión de de cada individuo, motivada por cuestiones psicologistas, subjetivas, experiencias personales particulares y concretas, de sentimientos y emociones individuales no son los criterios con los que el estado decide y delibera, sino desde una perspectiva política, esto es racional. Por lo tanto, la anulación de jurisprudencias o leyes injustas, aún para nuestros enemigos, son un motivo de realización y reconocimiento de nuestra integridad como sistema político. Este debe funcionar como un juego de poderes, entre nosotros, destinado a proporcionar el espacio necesario para el desarrollo de lo genéricamente humano en una libertad regulada constitutiva, en un marco de pluralidad, reconocimiento y derecho, es decir de garantías que el pacto y concesión del poder de cada cual, a una unidad centralizada y totalizadora nos proporcione tal realidad y mundo de la vida propiamente humana y emancipada de cualquier subordinación e imposición no consensuada, pactada o racional.

Nadie con un mínimo de sensibilidad, humanidad y compasión, no empatizaría con el sentimiento de derrota, insatisfacción e injusticia que padecen las víctimas, pero eso sólo puede llevarse a cavo en el plano subjetivo y personal de lo privado e intimo. Pero en la acción pública, aquella que nos interpela y relaciona a todos, aquella que nos demanda e incluye, a los integrantes de un mismo sistema y espacio político, debemos defender el pacto y el consenso, y responsabilizarnos de lo justo, del derecho, y de la cesión de nuestra acción concertada, que esta a disposición de la razón objetiva. Debemos ser coherentes con la realidad y mundo que nos hemos dado y construido, no olvidar que el fundamento último debe ser ilustrado, humanista, racional y maduro.

De ello, derivamos, que aunque venzamos a nuestros enemigos extra-políticos, como son los terroristas, que ni juegan al juego político, de la  acción de la palabra y discurso en el espacio público, visible y señalable, sino a la guerra asimétrica, a la ocultación, y que están en un espacio y sistema, no político, fuera de lo político, y por lo tanto son enemigos de nuestro sistema, deben ser asimismo procesador y enjuiciados desde nuestras normas y reglas, no desde la barbarie. Debemos representarnos y afirmarnos a nosotros, como comunidad política en todo momento, incluso en el combate y la violencia.  Desde este punto de vista, el uso de la violencia, es legítimo, pero el imperativo de "hacer justicia" no es desde el resentimiento, la venganza, lo impulsivo o el salvajismo, sino la proyección de nuestra forma y organización, esto es la razón, el derecho, la libertad, el discurso y la palabra pública.